La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha visitado hoy en Alcalá de Guadaíra, junto a la alcaldesa Ana Isabel Jiménez, el Complejo Social San Buenaventura de la asociación Paz y Bien, que cuenta con 118 plazas concertadas con el Gobierno andaluz para atender a personas con discapacidad intelectual y en el que trabajan 66 profesionales.

En el curso de la visita, han comprobado el funcionamiento de las diferentes unidades de las que dispone el Complejo, como la parte destinada a rehabilitación, el taller de creatividad, la residencia o el invernadero. En el acto público, enmarcado en el programa conmemorativo del 30 aniversario de Paz y Bien, tanto Susana Díaz como Ana Isabel Jiménez han reafirmado su compromiso con el proyecto social de Paz y Bien, con el que el Ayuntamiento alcalareño ha suscrito este año un convenio de colaboración de Desarrollo Internacional para Guatemala por un importe de 10.000 euros, a lo que se suman los acuerdos para plena autogestión que se suscriben con el Consistorio desde 2012.

La presidenta ha reconocido el trabajo del material humano de Paz y Bien, los 450 profesionales que a diario luchan por la dignidad de las personas con discapacidad intelectual y a los menores con problemas de inserción. Por su parte, la alcaldesa ha elogiado que el proyecto internacional, que ayuda a mejorar la vida de miles de niños y niñas, de mujeres y familias enteras que lo pasan mal en esa parte del mundo.

Las plazas concertadas del Complejo San Buenaventura se distribuyen entre dos unidades de estancia diurna, una de ellas con terapia ocupacional, con 80 plazas, y otras 38 de atención residencial, todas ellas concertadas con la Junta.

Asimismo en la finca, situada en el entorno de los Pinares de Oromana y con una superficie de nueve hectáreas, Paz y Bien cuenta con un centro de menores con ocho plazas, una granja escuela que recibe 5.000 visitas al año, un invernadero para autoconsumo de los residentes, un comedor con capacidad para 200 personas y sendos talleres de mandera y carpintería metálica.

Además de este complejo, Paz y Bien cuenta en Alcalá con una residencia para personas gravemente afectadas, con 19 plazas concertadas; otra residencia de psicodeficientes, con 20 plazas concertadas, y una residencia para personas mayores con 18 plazas en régimen privado.

La asociación Paz y Bien está dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, menores, mayores, grupos de exclusión social y personas beneficiarias de actuaciones de Cooperación Internacional.

La entidad gestiona una amplia red de recursos y servicios situados en las provincias de Huelva y Sevilla. En concreto, cuenta con 38 centros que atienden a más de 700 personas, con una plantilla de 339 profesionales, de los cuales el 58% son mujeres y el 42% hombres. La colaboración entre la Junta de Andalucía y Paz y Bien se extiende a varias áreas, dadas las distintas necesidades de las personas con discapacidad y los distintos grupos de población objeto de atención.

En este sentido, la asociación tiene 441 plazas concertadas en distintos recursos para personas con discapacidad en residencias, unidades de estancias diurnas, centros ocupacionales y viviendas tuteladas, con una aportación económica del Gobierno andaluz aproximada de 6,8 millones de euros en 2017.

La entidad tiene además ocho centros, situados en las provincias de Huelva y Sevilla, para atender a menores en situación de desamparo y a jóvenes tutelados por la Junta de Andalucía, con un total de 72 plazas concertadas para recursos de atención residencial básica, acogida inmediata y menores con discapacidad y trastornos de conducta. Igualmente, tiene dos pisos tutelados en Sevilla para nueve personas del programa de mayoría de edad.

Entre los logros históricos de Paz y Bien, destacan la constitución del primer Centro Especial de Empleo de España en el año 1981, en el municipio de Santiponce; su colaboración en la reforma psiquiátrica en Andalucía, en 1989, y la conformación en 1994 de la Fundación Tutelar TAU, cuya finalidad es tutelar a personas con discapacidad cuya capacidad de obrar ha sido modificada judicialmente.