La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, ha firmado este lunes en el Ayuntamiento el protocolo de colaboración con el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, que permitirá la rehabilitación de la antigua Comisaría de Policía Nacional de la Plaza del Derribo para su transformación en sede judicial de Alcalá reunificando todos los juzgados existentes y permitiendo una futura ampliación de este servicio en la localidad.

La alcaldesa ha explicado que “ambas administraciones estamos comprometidas a colaborar con el objetivo de incrementar la agilidad de los servicios a la ciudadanía y propiciar la mejora de las condiciones de los profesionales del sector y de las personas que usan este servicio; además para Alcalá el acuerdo supone la recuperación de un edificio muy importante desde el punto de vista patrimonial y enclavado en el casco histórico”.

En los detalles del protocolo, a cuya firma han asistido autoridades judiciales, fiscalía, colegios profesionales y la Corporación municipal, se especifica que será el Ayuntamiento quien asuma la rehabilitación integral de la centenaria construcción, obra del arquitecto Juan Talavera, adaptándola a su uso y con capacidad para albergar ampliaciones futuras y ceder el edificio a la Junta para reunificar los cuatro juzgados existentes en la ciudad, actualmente separados a razón de dos en la Plaza del Duque y otros dos en la calle Rafael Santos. 

Tras la firma de hoy, la Consejería de Justicia ha hecho entrega al Ayuntamiento de una memoria de necesidades que habrán de recogerse en el diseño del proyecto del nuevo edificio, que sí conservará la estructura de su fachada por su gran valor patrimonial. Precisamente, la alcaldesa ha mostrado al consejero documentación antigua de la planimetría y contratos de alquiler de la finca que están custodiadas en el Archivo Municipal y hoy han sido expuestas en el recibidor del Consistorio junto a la sala de Plenos.

La firma del protocolo permite que el Ayuntamiento pueda comenzar a trabajar en la redacción del proyecto y en la expropiación de solares adyacentes para que se pueda ampliar el espacio disponible para la nueva sede, que contempla un nuevo edificio. Mientras, la Consejería puede comenzar a trabajar en la redacción del convenio con el que se regulará la colaboración público-pública, por el que la Junta abonará un canon al Consistorio durante 30 años. Por cada euro que ponga el Ayuntamiento recuperará 1,5 euros y, una vez transcurridos los 30 años, el edificio será propiedad municipal y podrá cerrar un nuevo acuerdo con la Junta o darle otro uso. Además, la Junta dotará de las infraestructuras necesarias al edificio, con una dotación tecnológica de primer nivel.

Otra consecuencia del acuerdo es la devolución al Ayuntamiento de la parcela cedida con anterioridad para este uso en la zona de Montecarmelo para que pueda ser utilizada por el Ayuntamiento para otros usos que sean más apropiados en aquella zona. 

Para el consejero el gran valor de esta sede es el “ejemplo de colaboración entre administraciones que anteponen ante todo la atención al ciudadano. Alcalá, declarada recientemente Municipio de Gran Población, no es una ciudad dormitorio, es una ciudad que necesita sus propios servicios, que tiene vocación de crecimiento y desde la Junta queremos seguir colaborando, dotando de esos equipamientos que son de competencia autonómica”, ha destacado Nieto. También ha alabado la buena gestión económica del Ayuntamiento  y su trabajo eficiente. En su comparecencia el consejero ha agradecido la disposición del Gobierno y el interés de toda la Corporación y grupos políticos en un acuerdo que traerá tantos beneficios para los alcalareños y alcalareñas.

“Este protocolo es la consecuencia de un acuerdo alcanzado en septiembre de 2023. Ambas administraciones son conscientes de la necesaria lealtad institucional y continua colaboración independientemente del signo político de ambas para el beneficio de la ciudadanía”, ha añadido.

Edificio regionalista protegido

Diseñada por el arquitecto sevillano Juan Talavera Heredia en 1925, la comisaría de la Policía Nacional había sido en sus orígenes casa cuartel de la Guardia Civil y se ubica en pleno centro alcalareño, cerca del Ayuntamiento y frente a la iglesia principal Santiago el Mayor y la Cuesta del Águila. Su construcción se remontaba a un periodo de expansión económica para Alcalá que incluyó la edificación de otros edificios patrimoniales regionalistas, como el teatro Gutiérrez de Alba, la Casa de la Cultura (antiguo Matadero), o el Hotel Oromana, que coincidió con la concesión del título oficial de Ciudad y los preparativos de la Exposición Iberoamericana de 1929. 

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) contempla para esta construcción un nivel de protección estructural por su interés histórico. Al estar protegido aunque en desuso desde 2005, tuvo que ser apuntalado para su conservación en 2010, y su rehabilitación supone un importante paso en la protección del patrimonio local.

Ventajas de su rehabilitación y uso

La nueva construcción trae consigo una serie de ventajas destacadas hoy por las autoridades, quienes han subrayado el desempeño profesional en una sede moderna, dotada con los medios y la tecnología necesarios, agilizando procedimientos en juzgados, registro civil.. etc. 

La modernización posibilitará también menos rotaciones de jueces, cuestión que agilizará de igual modo los procesos, así como la dotación de los más novedosos equipamientos tecnológicos. Todo ello conllevará la agilidad en los procesos y el servicio judicial que se ofrece a la ciudadanía, así como la necesaria y demandada mejora de las condiciones laborales de los profesionales.