La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, ha mantenido una reunión con el alcaldes de Sevilla, Antonio Muñoz y el comité de empresa de Santa Bárbara en la sede del Consistorio Hispalense para abordar la situación de los trabajadores de la empresa donde se han producido 21 despidos y se plantea el fin de la actividad productiva en la factoría de la misma y su traslado a Asturias.

Ana Isabel Jiménez, ha destacado que se trata de una situación que puede suponer un grave perjuicio no sólo para Alcalá sino para toda el área metropolitana. En la fábrica de Alcalá trabajan actualmente 221 personas y, según indican desde el Comité de Empresa, el temor es que se lleve a cabo un desmantelamiento de la fábrica, lo que supondría un duro golpe para el empleo y la producción industrial andaluza. Pero además la empresa tiene firmados contratos de suministro con 130 empresas del área metropolitana y de toda Andalucía, lo que extendería el perjuicio económico al entramado metropolitano y andaluz.

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha coincido con la alcaldes en la necesidad de trabajar desde todas las administraciones para evitar la deslocalización de la empresa y en este sentido, el próximo Peno del Ayuntamiento de Sevilla realizará una declaración institucional en defensa del empleo y de la actividad industrial.

Los regidores de ambas localidades coinciden en considerar que se trata de una situación incomprensible ya que, según explican los trabajadores, la empresa tiene asegurada la carga de trabajo para los próximos 15 años a través de los contratos ya firmados para la fabricación de 348 vehículos 8x8 para el Ejército Español y de otros contratos como los de 35 vehículos Pizarro y otras 25 unidades para el Ejército Filipino. Todo ellos supone una carga de trabajo que incluso justificaría una ampliación de plantilla. Frente a ello desde el comité manifiestan su temor de que el traslado de la producción del 8x8 a Asturias pueda acabar con el cierre de la factoría.

Ana Isabel Jiménez indica que su intención es seguir trabajando para sumar todos los apoyos posibles, como el expresado por el alcalde de Sevilla o el de la Ministra de Defensa, Margarita Robles, con la que se reunió la semana pasada y que manifestó a la alcaldesa de Alcalá, que precisamente uno de los motivos para la concesión del contrato a Santa Bárbara fue el mantenimiento del empleo, por lo que la ministra considera que las medidas planteadas por la misma constituyen una “deslealtad” que se produce después de que el Gobierno de España adjudicara a esta compañía un contrato de casi 2.000 millones de euros para la fabricación de distintos modelos de vehículos militares. En los próximos días, se sumarán a esos apoyos el de la Diputación de Sevilla.

Por su parte los trabajadores han anunciado que tienen prevista una marcha para el próximo día 21 de febrero desde los antiguos astilleros de Sevilla, en San Bernardo, hasta la subdelegación del Gobierno.