Una de las primeras consecuencias del saneamiento financiero llevado a cabo por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra es la recuperación de los derechos laborales de los empleados públicos municipales, que tuvieron que ser suspendidos como consecuencia de la aprobación del plan de ajuste de 2012. El Gobierno local y los sindicatos UGT, SPPME (Policía Local), CSIF (sindicato de funcionarios), SIBA (sindicato de Bomberos) y USO (Unión Sindical Obrera) han alcanzado un acuerdo para la reinstauración de los artículos del reglamento de funcionarios y convenio para el personal laboral relativos a la formación y promoción social que estaban suspendidos desde 2012. El Pleno de la Corporación va a ratificar esta medida, que entra en vigor desde enero de 2019. 

La alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, ha firmado con los representantes sindicales el acuerdo para el levantamiento de la suspensión de las ayudas sociales destacando la labor de los propios empleados públicos para la mejoría de las cuentas públicas municipales y el esfuerzo realizado por el conjunto de la plantilla municipal “para superar las difíciles condiciones económicas que obligaron a la medida. Ahora recuperamos estos derechos laborales en una nueva etapa, esto nos permitirá mejorar las condiciones de los empleados públicos y, con ello, la calidad de los servicios que se prestan a los vecinos y vecinas de Alcalá”, ha manifestado.  También será fundamental para la mejora de las infraestructuras y las dotaciones públicas del conjunto de la Ciudad. 

Así mismo, la alcaldesa ha manifestado la confianza en que el proceso de negociación colectiva y acuerdo con los sindicatos, como la forma más adecuada de mejorar la organización municipal y los servicios públicos que se presta a la ciudadanía.  Así, confía en que el diálogo prime en todos los procesos de negociación, ya que esto redundará en beneficio de los empleados públicos y del conjunto de los vecinos y vecinas de Alcalá de Guadaíra. El Pleno de la Corporación ratificará la medida en la sesión ordinaria de esta tarde. Así, el Gobierno local pone fin a una suspensión en la aplicación de determinados artículos del reglamento de funcionarios y el convenio laboral motivada por el deterioro de las condiciones económicas y la merma de los ingresos. La misma fue aprobada por el Pleno en diciembre de 2012 y tenía como finalidad evitar que las difíciles circunstancias económicas provocaran medidas más graves como la destrucción de puestos de trabajo. Transcurridos más de seis años desde la aplicación de la medida la situación económica del Ayuntamiento ha mejorado, por lo que finaliza el plan de ajuste y con ello las razones que motivaron la suspensión de las referidas ayudas. 

Las ayudas que estaban suspendidas, y que vuelven a tener efecto desde enero de 2019, son las de formación y promoción social, jubilación y planes de pensiones, entre otras, contenidos en los artículos 58 y 66 del reglamento de personal funcionario, así como los de los artículos 62 y 71 del convenio colectivo para el personal laboral, cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales del personal al servicio del Ayuntamiento.