El pleno de Alcalá de Guadaíra ha aprobado por unanimidad una moción sobre vivienda social y actuaciones antidesahucios que manifiesta la unión por la lucha ante los principios del bienestar social, con actuaciones concretas de protección del derecho a la vivienda de los ciudadanos, comprometiéndose en conjunto y de manera rotunda en la defensa de este derecho y no colaborando en los lanzamientos y desahucios.

La propuesta aprobada contempla elaborar una comisión de trabajo específica de vivienda, una oficina de vivienda con mayor capacidad para atender a las familias afectadas, un censo de viviendas vacías y la exigencia a entidades financieras y filiales de cesión temporal de viviendas sin uso habitacional para acogimiento, además de alentar a los juzgados para acogerse a una sentencia del Tribunal de Estrasburgo contra los desalojos sin alternativas habitacionales y un convenio con juristas para aumentar el asesoramiento.

La portavoz municipal, Elena Álvarez, ya adelantaba el pasado mes que se estaba trabajando en esta iniciativa, que se une al conjunto de medidas que habitualmente el Ayuntamiento desempeña a favor de las familias alcalareñas necesitadas, con la que se han comprometido todos los grupos, incluso con propuestas que se han añadido, como las de IU. Ahora el Consistorio aspira a implicar a administraciones, entidades bancarias y miembros de la judicatura en una solución habitacional seria que dé respuesta al problema urgente de la vivienda para personas y familias con riesgo de exclusión social.

Por su parte, el delegado municipal responsable de Vivienda, Salvador Escudero, ha explicado que “el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra da un paso adelante en pro de la vivienda social y las iniciativas antideshaucios”, declarando que “el Ayuntamiento no será neutral en la lucha por la vivienda digna, actuando contra cualquier desahucio de vivienda habitual si no hay prevista por la entidad financiera ejecutante una alternativa habitacional, y seguidamente exigirá a las entidades bancarias y sus filiales la paralización de estos procesos de familias en riesgo de exclusión social, reclamándoles el cumplimiento de Código de Buenas Prácticas y un censo de viviendas vacías de las que dispongan en Alcalá, así como un acuerdo de cesión temporal al Consistorio de estas viviendas para el acogimiento de familias desfavorecidas”.

El avance en este campo también ha concretado la creación de una Oficina de Vivienda que pueda tener mayor capacidad para atender a los ciudadanos más allá de lo que ya se hace en la propia Delegación municipal de Vivienda, con  la creación de un registro de viviendas vacías, independientemente de su titularidad y con un mayores medios para el conocimiento y valoración de personas y familias afectadas por situaciones de desahucios presentes o futuros, conforme a los criterios objetivos y procedimientos establecidos por las normativas de servicios sociales.

Asimismo, el Ayuntamiento estudiará los procedimientos técnicos y administrativos para poder ejercitar los derechos de tanteo y retracto que legalmente le corresponden en asuntos relacionados por ejemplo con la venta de vivienda de los ‘fondos buitre’ o los fondos para el alquiler social en caso de lanzamientos. El Consistorio pretende igualmente ampliar el servicio de asesoramiento a las familias afectadas por este tipo de problemas con la propuesta de un convenio de colaboración con el ilustre Colegio de Abogados de Sevilla.

A estas medidas se unen las propuestas de IU para ahondar en la problemática, como la creación de una comisión de vivienda compuesta por representantes de los grupos políticos, más un jurista y tres técnicos de Urbanismo, Servicios Sociales y Vivienda que se reúna una vez al mes  y pueda estudiar la viabilidad de medidas como la adquisición de viviendas para acogimiento o alquiler social.

También se incluyen la actualización de los protocolos de actuación social municipal en los casos de emergencia habitacional, o la colaboración de os servicios jurídicos del Consistorio para alentar a los juzgados de Alcalá a acogerse a la Sentencia de 15 de octubre de 2013 del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo sobre el desalojo sin alternativa habitacional.

Concretamente, este tribunal se pronunció impidiendo cautelarmente el desalojo de su residencia habitual de diversas familias en la geografía sin que previamente existiera una alternativa habitacional adecuada, creando una jurisprudencia que viene a garantizar unos contenidos mínimos en relación con los derechos fundamentales con respecto a la vivienda. En esta sentencia los desalojos se califican como la forma más extrema de injerencia en el derecho a la protección del domicilio, condenando la ausencia de condiciones mínimas de habitabilidad y la obligación de proveer una realojo adecuado a partir de dichos derechos.

El delegado concluye recalcando que desde el Gobierno municipal se sigue trabajando en fórmulas, como censo de recursos municipales, alquileres sociales o mediación, para ofrecer respuesta al derecho a la vivienda, en coherencia con el compromiso adquirido con la población.