El Equipo de Gobierno local de Alcalá de Guadaíra, a través del grupo municipal socialista, llevará una moción al pleno en la que, entre otras acciones, contempla elaborar un censo de viviendas vacías y la exigencia a entidades financieras y filiales de cesión temporal de viviendas sin uso habitacional para acogimiento, un convenio con juristas, o la creación de una Oficina de Vivienda con mayor capacidad para atender a las familias afectadas.

 

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra da un paso adelante en pro de la vivienda social y las iniciativas antideshaucios para unir, al conjunto de medidas que habitualmente desempeña a favor de las familias alcalareñas necesitadas, compromisos por escrito y actuaciones concretas que impliquen a administraciones, entidades bancarias y miembros de la judicatura en una solución habitacional seria que dé respuesta al problema urgente de la vivienda para personas y familias con riesgo de exclusión social.

 

Así lo ha explicado la Delegada de Servicios Sociales, Vivienda y Gobernación, Elena Álvarez, que ha detallado que “el Equipo de Gobierno local, a través del grupo municipal socialista, propone un acuerdo plenario de unión de principios por el bienestar social, con posicionamiento oficial y actuaciones concretas por la protección del derecho a la vivienda de los ciudadanos, que espera lograr un amplio acuerdo por el rigor de la propuesta presentada que no deja sitio al populismo”.

 

En primera instancia, la moción declara que el Ayuntamiento no será neutral en la lucha por la vivienda digna, actuando contra cualquier desahucio de vivienda habitual si no hay prevista por la entidad financiera ejecutante una alternativa habitacional, y seguidamente exigir a las entidades bancarias y sus filiales la paralización de estos procesos de familias en riesgo de exclusión social, reclamándoles el cumplimiento de Código de Buenas Prácticas y un censo de viviendas vacías de las que dispongan en Alcalá, así como un acuerdo de cesión temporal al Consistorio de estas viviendas para el acogimiento de familias desfavorecidas.

 

El avance en este campo también prevé la creación de una Oficina de Vivienda que pueda tener mayor capacidad para atender a los ciudadanos más allá de lo que ya se hace en la propia Delegación municipal de Vivienda, con  la creación de un registro de viviendas vacías, independientemente de su titularidad y con un mayores medios para el conocimiento y valoración de personas y familias afectadas por situaciones de desahucios presentes o futuros, conforme a los criterios objetivos y procedimientos establecidos por las normativas de servicios sociales.

 

Asimismo, el Ayuntamiento estudiará los procedimientos técnicos y administrativos para poder ejercitar los derechos de tanteo y retracto que legalmente le corresponden en asuntos relacionados por ejemplo con la venta de vivienda de los ‘fondos buitre’ o los fondos para el alquiler social en caso de lanzamientos.

 

El Consistorio pretende igualmente ampliar el servicio de asesoramiento a las familias afectadas por este tipo de problemas con la propuesta de un convenio de colaboración con el ilustre Colegio de Abogados de Sevilla.

 

De forma paralela, dentro de las medidas que el Ayuntamiento realiza constantemente a través de las delegaciones de Vivienda y Servicios Sociales con estos mismos fines, se ha conseguido el alojamiento transitorio de vivienda para dos familias con menores de edad a su cargo y graves condiciones de vulnerabilidad y especial riesgo de exclusión social, propiciando un apoyo necesario ante una situación muy delicada que respalda a estas familias para adquirir una normalidad que mejore la calidad de vida de sus integrantes, especialmente la de los hijos.

 

Se trata de dos viviendas de las conocidas como antiguas casas de maestros que el Consistorio está recuperando y rehabilitando para contribuir a paliar en la medida de sus posibilidades el problema del acceso a la vivienda, especialmente para las familias con bajos recursos o que, coyunturalmente, no puedan mantener un hogar al atravesar por una situación de riesgo de exclusión debido a los efectos negativos de la crisis.

 

Según ha explicado Álvarez, “este tipo de iniciativas requieren muchos pasos porque  han de hacerse, lógicamente, siguiendo escrupulosamente toda la ley y normativas pertinentes, pero trabajando sobre una demanda real que apremia precisamente por la necesidad existente”.

 

En este sentido, desde el Gobierno se resalta el valor de lo público, de las iniciativas de protección a las personas, pero también del cumplimiento de los criterios que marcan la igualdad, la objetividad y la responsabilidad de ambas partes. “Es conocida la necesidad social de la vivienda y el requerimiento de las familias, pero los pasos han de ser iguales para todos”.

 

Así, como medida inicial, es necesaria la inscripción en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, una herramienta importantísima que sólo tienen Ayuntamientos muy comprometidos con el apoyo a la población para el acceso a la vivienda que permite ofrecer esta ayuda con criterios de igualdad medibles y evaluables, con baremos establecidos y regulados, todo en coordinación con otros departamentos municipales, como servicios sociales y la propia Junta de Andalucía, que estudian y evalúan al mismo tiempo la realidad de las condiciones familiares, económicas, sanitarias, sociales, etcétera de cada familia, así como su grado de cumplimiento con las obligaciones y responsabilidades familiares, educativas o sociales.

 

El alojamiento transitorio se realiza por tiempo de un año y son los inquilinos los que se hacen responsables del mantenimiento de la vivienda y servicios útiles corrientes. Las condiciones que llevan al alojamiento transitorio así como las obligaciones a cumplir constatadas por ambas partes son evaluables para poder o no prorrogar la situación un año más.

 

Por su parte, la delegada concluye recalcando que desde el Gobierno municipal se sigue trabajando en fórmulas, como censo de recursos municipales, alquileres sociales o mediación, para ofrecer respuesta al derecho a la vivienda, en coherencia con el   compromiso adquirido con la población.