La población de Alcalá de Guadaíra, según el informe del departamento municipal de estadística a fecha 1 de enero de 2016, es de 75.333 habitantes. Esa cifra es la que el Consistorio propone a aprobación en el pleno ordinario de mañana para enviar al Instituto Nacional de Estadística (INE) dentro del proceso habitual de certificación de población que conllevaría la declaración de Alcalá como Gran Ciudad para 2017.

 El año pasado, el Ayuntamiento tenía algo más de 75.000 censados  y  durante el proceso de comprobación de los mismos el INE sólo pudo certificar a 74.845 habitantes. La variación producida se refería mayoritariamente a la dificultad  de la verificación de residencia de extranjeros no comunitarios sobre el que el Gobierno Local está realizando un esfuerzo de gestión. El Pleno del Consejo de Empadronamiento del INE tiene aprobado no resolver en negativo esos procedimientos que están en curso y por ello se estima que la cifra final de este curso variará menos que el año pasado.

 De cualquier forma, dado que a fecha uno de enero del presente la cifra del padrón municipal, responsabilidad íntegra de los Consistorios aunque con la verificación del INE en cuanto a criterios económicos de tributos del Estado se refiere, sobrepasa con creces los 75.000 habitantes, se confía en no decrecer por debajo de la misma.

 Dentro del proceso estadístico de registro de la población, la cifra aprobada por el pleno se envía al INE y éste la cruza con sus datos, contestando sobre el mes de abril los casos en los que no se den coincidencia para que el Ayuntamiento pueda certificarlos durante el mes de mayo. A final de año el INE comunica al Ayuntamiento la cifra final de residentes que se ha podido constatar.

 Con esta población, desde el Ayuntamiento se podrá reivindicar ante otras administraciones aquello que le corresponda como  gran ciudad porque el hecho de superar los 75.000 habitantes permitirá a la ciudad obtener un porcentaje de los impuestos estatales recaudados en la ciudad como el IVA, el IRPF o los que gravan el alcohol, el tabaco o los hidrocarburos, que el Ayuntamiento revertiría en los ciudadanos.

 Para los residentes, además del aumento en inversiones generales de la ciudad que traería esta designación, el hecho de empadronarse conlleva bonificaciones en las ordenanzas fiscales y reducciones en las tasas por el uso de las instalaciones deportivas, por inscripciones en cursos y talleres de cultura y en otros servicios municipales. Asimismo, el hecho de que las cifras oficiales de empadronados se ajusten lo máximo posible al número real de residentes permite una planificación más ajustada para ofrecer servicios públicos.