La Delegación de Vivienda del Ayuntamiento alcalareño ha anunciado su traslado así como el de la Oficina de Atención en Desahucios al Centro de Servicios Sociales, situado en la céntrica calle Telmo Maqueda s/n, espacio más idóneo y cercano al ciudadano donde atender las peticiones y necesidades relacionadas con la vivienda.

 En este mismo sentido, la Oficina de Atención en Desahucios desde su nuevo emplazamiento ofrece asesoramiento y mediación en conflictos hipotecarios y de arrendamientos de viviendas.

 La titular de Vivienda en el Consistorio, Mariló Gutiérrez Peral, ha manifestado que desde este servicio “esperamos solucionar toda la problemática relacionada como las condiciones con las entidades de crédito o con el arrendador, buscando que el afectado permanezca en la vivienda o pueda acceder a otra”.

 La oficina ofrece asesoramiento y mediación en conflictos hipotecarios y arrendamientos de viviendas entre los afectados por el impago de una hipoteca o de renta de alquiler, ya sea con las entidades financieras o con los arrendadores propietarios de las viviendas. De este modo, se persigue la solución de los problemas que surjan mediante la negociación de las condiciones entre las partes, de manera que las personas afectadas puedan permanecer en la vivienda o, en casos extremos en los que la pérdida de la vivienda sea inevitable, conseguir una vivienda alternativa en alquiler.

 Mariló Gutiérrez ha explicado que así “queremos prevenir y reducir los efectos del riesgo de desahucio asociado a la imposibilidad de pago de las cuotas hipotecarias o de renta”. Al mismo tiempo, la oficina gestionará las acciones relativas al alquiler social en el que está trabajando el ejecutivo para poner en marcha una bolsa de viviendas de alquiler social.

  Esta bolsa la conformarían aquellas viviendas que se encuentren disponibles en el Fondo Social de Viviendas, así como las resultantes de las negociaciones que se llevan a cabo con las distintas entidades financieras. También se incluyen aquellos inmuebles que puedan recuperarse del parque público residencial autonómico, que en Alcalá asciende a más de 350 viviendas. Según la delegada municipal de Vivienda, “para ello estamos manteniendo reuniones con la gerencia provincial de la empresa Pública de Suelo (EPSA) al objeto de establecer un protocolo de colaboración que garantice la función social de la vivienda”.

 El Ayuntamiento alcalareño ha establecido un registro municipal de demandantes de vivienda protegida, un instrumento que sirve para regular el acceso a cualquier tipo de viviendas protegidas, y en el que hay que inscribirse si se quiere acceder a cualquier tipo de adjudicación tanto en alquiler como en compraventa.