El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra declara que la responsabilidad del mantenimiento de las instalaciones de Sato Sport, en tanto no se resuelva el expediente de resolución del contrato de concesión aprobado en el pleno de diciembre, le corresponde a la empresa concesionaria.

En este sentido, el Consistorio ha asegurado que cuando llegue el momento exigirá a la empresa las indemnizaciones oportunas sobre los daños ocasionados y el deterioro que se haya generado en estas instalaciones deportivas.

En relación a ello, el Ayuntamiento declara que será muy tajante, pues esta y otras medidas vienen muy claramente definidas en el contrato establecido y que la empresa firmó con el Consistorio en febrero de 2002 por una duración de 50 años.

De hecho, el Ayuntamiento recuerda que unida a la liquidación del contrato de concesión de obra pública por incumplimiento de la empresa Sato Sport, el Pleno de diciembre también acordó determinar en el momento procesal oportuno la indemnización que deba satisfacer el concesionario al Ayuntamiento por los daños y perjuicios que le hubiere causado.

Esta decisión venía argumentada por el Consistorio mediante informe de la Policía Local previo que advertía del riesgo que acarrearía el cierre y abandono de las instalaciones “que no sólo supone que multitud de usuarios queden privados de este servicio, sino el deterioro inmediato del centro deportivo a causa de su falta de uso y conservación, la falta de vigilancia y protección del mismo, de modo que terceros puedan proceder al saqueo de estas instalaciones y hacerlas completamente inservibles para la prestación de un servicio público”.

El Equipo de Gobierno insiste que las empresas privadas deben ser conscientes de las contingencias propias del negocio que emprenden, porque socialmente no es admisible que cuando una concesión aporte beneficios éstos sean exclusivos para estas entidades privadas, mientras que cuando arrojan pérdidas pretendan que sean asumidas en exclusiva por las arcas públicas. Esta forma de proceder supondría que la iniciativa privada dejaría todos los riesgos en manos públicas, sin que esto pueda ser admisible en una economía social de mercado.